La iniciativa, que fue rechazada con 180 votos en contra, 14 a favor y 32 abstenciones, se refiere especialmente a los costes derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con combustibles fósiles, como el carbón, así como los derivados de decisiones políticas pasadas.

Además, insta al Ejecutivo a impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del “diálogo” de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor.

Reclamab también la elaboración de una nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo Plan de Energías Renovables y una nueva Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética, “coherente” con los objetivos de la política energética establecidos por la Unión Europea.

El PSOE abogaba por fijar un modelo energético “más sostenible” desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, y por aprobar un nuevo marco normativo para el sector que restituya “cuanto antes” la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables.

De igual forma, demandaba la aprobación de un plan de apoyo integral a la generación eléctrica con energías renovables, no emisoras de carbono y energía primaria autóctona, y dar una “mayor robustez” al mercado eléctrico español para hacerlo “más eficiente” en la fijación de precios, facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia.

REVISAR “EN PROFUNDIDAD” LAS TARIFAS

En esta línea, solicitaba la revisión “en profundidad” de las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado que fijará el coste del mix energético.

También la realización en los próximos seis meses de una auditoría de costes del sistema eléctrico para determinar “fehacientemente” los costes de las actividades de generación, transporte, distribución y gestión del sistema eléctrico, así como de otros conceptos de coste imputados a la factura.

En paralelo, solicitaba al Gobierno la aprobación, en el plazo de tres meses, de una estrategia para la erradicación de la pobreza energética mediante la articulación de medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados, especialmente en épocas de frió y calor intenso.

Para ello, pedía que se establezca un servicio mínimo de suministro de energía que garantice que ningún hogar pueda ser privado de “un mínimo de cobertura de subsistencia”. Otras peticiones del PSOE incluidas en la iniciativa eran la potenciación de las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, garantizar la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética, y preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro.

NUEVO PLAN PARA EL CARBÓN Y FIN AL ‘FRACKING’

En lo que respecta al carbón, el PSOE instaba al Gobierno a establecer un marco de “estabilidad” y “certidumbre” en el sector mediante un nuevo Plan 2014-2020 acordado con los agentes sociales, y culminar el procedimiento de pago de las ayudas contempladas en los presupuestos de 2012 y 2013.

En cuanto a las centrales nucleares, el PSOE considera necesario adoptar medidas para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años, lo que implica el cierre del último reactor en el año 2028.

A este respecto pedía la adopción de medidas para impedir la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos), actualmente parada, así como paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.

Por su parte, el Grupo Mixto presentó una enmienda a esta propuesta de resolución rechazada, por la que también mostraba su “profunda preocupación” por las prospecciones petrolíferas e instaba al Gobierno a apoyar los pronunciamientos de la comunidad científica, sectores sociales y económicos, en contra de dichas prospecciones ante los “riesgos, impactos y repercusiones negativas” que en su opinión ocasionarán sobre el medio ambiente, la imagen internacional y la actividad pesquera de Canarias.

Así, exigía la “inmediata” paralización y revocación de las prospecciones y pedía al Ejecutivo trabajar en el cambio de modelo de producción energética actual, apostando por la potenciación de las energías renovables.