Rechazada con 186 votos en contra, 131 votos a favor y 10 abstenciones, la propuesta instaba al Ejecutivo a dotar a las comunidades autónomas “con los recursos económicos suficientes” para asegurar la concesión de “ayudas de cara a la adquisición de libros de texto y material escolar”, hasta regresar como mínimo a los niveles de 2011.

La iniciativa también pedía al Congreso reclamar la derogación de la nueva ley educativa (Lomce), “por vulnerar hasta en 11 artículos las competencias de la Generalitat reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”.

Asimismo, exigía la apertura de un proceso de negociación con todas las fuerzas políticas y la comunidad educativa de cara a mejorar el sistema; permitir que las bajas de profesores puedan cubrirse antes de los 15 días establecidos en el Real Decreto para la Racionalización del Gasto Educativo; eliminar el IVA de actividades complementarias (comedor, actividades deportivas...) que se realizan en los centros, y transferir a la Generalitat la “plena” gestión de las becas y ayudas con cargo a los Presupuestos del Estado.