Los socialistas habían presentado esta iniciativa en el Debate de la Nación sobre las personas inmigrantes en plena polémica por la presión fronteriza en Ceuta y Melilla, pero fue tumbada con 134 votos a favor, 181 en contra y 19 abstenciones.

El texto contrastaba con la intención del Ministerio del Interior de negociar con Marruecos fórmulas legales que amparen las “devoluciones en caliente”, lo que supone devolver en el acto por la valla a los inmigrantes que accedan irregularmente a las ciudades españolas del norte de África.

El partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba lanzaba esta idea en una iniciativa parlamentaria titulada “Derechos y Libertades”, en la que pedía cambios en materia de inmigración, al tiempo que solicitaba la retirada de las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada. Además, reclamaba que no se limite la jurisdicción universal por parte de la Audiencia Nacional.

Sobre la presión migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla, los socialistas también planteaban “instruir” a las Fuerzas de Seguridad que prestan sus servicios en fronteras terrestres. Esta petición se producía al hilo de la muerte de quince inmigrantes que el pasado 6 de febrero intentaron entrar a nado en la playa ceutí del Tarajal.

A este respecto, reclamaba que los agentes españoles que están en estos perímetros fronterizos fueran adiestrados “sobre los procedimientos y actuaciones que, de conformidad a la legislación en vigor, deben seguir en relación con personas en situación irregular o que intenten acceder a territorio español”.

RETIRAR CONCERTINAS

Además, pedía retirar “los elementos pasivos de protección de la frontera del territorio español, cualquier elemento que, como las llamadas concertinas, pueda causar mutilaciones o lesiones graves a las personas”.

Al mismo tiempo, denunciaba que “a los incesantes recortes en las conquistas del Estado de Bienestar que estamos sufriendo desde el inicio de la legislatura, se le suma el profundo retroceso en derechos y libertades, que está conduciendo a España a una pérdida enorme de calidad democrática”.

Por este motivo, pedía acabar con las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada y reclamaba que se garantice la “imparcialidad y no instrumentalización” de la Fuerzas de Seguridad y de unidades como la UDEF, de forma que sus agentes no sean usados en “defensa de los intereses de altos cargos y del Partido Popular en los procesos por corrupción que les afectan”.