Esa propuesta está contenida en el texto transaccional acordado por ambos grupos a partir de una propuesta de CiU, enmendada por el PP y que a su vez absorbe parte de otra resolución de ese mismo grupo. Contó con 213 votos a favor, 2 en contra y 116 abstenciones.

El texto resultante no incluye algunas de las peticiones iniciales de CiU, entre ellas la de acordar conjuntamente con todas las fuerzas políticas “en qué momento procesal” un cargo público debe abandonar su responsabilidad por estar inmerso en un proceso penal.

CiU pedía “unificar criterios entre las distintas formaciones políticas para definir en qué momento procesal es oportuno que un cargo político deba apartarse de sus responsabilidades por estar inmerso en un proceso penal, y dotar al Poder Judicial de mayores medios y de un procedimiento más ágil para poder investigar y juzgar con mayor celeridad todos los casos de corrupción”.

Con el texto aprobado, el PP se compromete a promover el diálogo con los demás grupos en la tramitación del proyecto de ley de actividad económica y financiera de los partidos y del regulador del ejercicio del alto cargo de la Administración.

En ese sentido, CiU ha incorporado un punto para incorporar a ese diálogo las propuestas y aportaciones formuladas por los grupos, y para “favorecer” las comparecencias de expertos para que sus opiniones permitan a los grupos aprobar medidas más efectivas contra la corrupción.

El texto aprobado incluye la pretensión de CiU de reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para “facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas y de su efectiva ejecución”.

Además, considera necesario impulsar, dentro de la prevista reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, “mayor inmediatez, proximidad y efectividad del control parlamentario, y contemplar la regulación de los denominados lobbies”.

“Esta regulación debe dirigirse a canalizar el ejercicio de todas aquellas actividades que tienen como objeto influir en la formulación de políticas y en los procesos de toma de decisiones, garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones, así como la observancia del código de conducta que en su momento se apruebe”, dice el texto.

Tampoco se aprobó la pretensión inicial de CiU de impulsar una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para “facilitar su más rápida discusión y tramitación parlamentaria”, eliminando obstáculos legales que actualmente dificultan su debate y dando la posibilidad expresa a los promotores de retirar el texto cuando consideren que se ha alterado de forma sustancial.

Otro de los puntos que se quedó fuera de la proposición finalmente aprobada es el que pedía una reforma de la Loreg para favorecer “una mejor conexión entre los cargos electos” y los ciudadanos, con mecanismos que permitan “superar el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas”.