Amaiur llamaba al Gobierno a reconocer los parlamentos “de las naciones del Reino de España como representantes legítimos de la soberanía de sus respectivos pueblos”.

En esa línea, le pedía “respetar y acordar la convocatoria de consultas o referendums por parte de los diferentes parlamentos, incluidos los que tengan como objetivo consultar a sus ciudadanos respecto a su futuro constitucional”.

En un tercer punto, Amaiur reclamaba que, “en caso de que una de esas consultas tenga como resultado que una mayoría de sus ciudadanos se muestre favorable al cambio de estatus constitucional de esa comunidad, respete el resultado y proceda a negociar de buena fe en aras de hacer efectiva jurídicamente ese deseo democrático”.

Amaiur asentaba su propuesta en el hecho de que las sociedades vasca, catalana y gallega “llevan décadas reclamando el ejercicio democrático del derecho de autodeterminación” y cada vez son más mayoritarios “los porcentajes de las naciones históricas del Estado que desean decidir por sí solas el futuro institucional de sus comunidades”.

Frente a ello, agregaba, “el Reino de España lleva siglos intentando homogeneizar y centralizar un Estado de naturaleza plurinacional”, lo que ha llevado a un sinfín de enfrentamientos bélicos y tensiones.

En el último periodo de constitucionalismo, “la norma fundamental ha sido interpretada con merma de la capacidad de autogobierno de las naciones históricas, frustrando las expectativas” generadas, debido sobre todo a “las aspiraciones centralistas de las grandes fuerzas políticas del Estado, que dicho sea de paso siguen siendo minoritarias en Cataluña y en Euskal Herria”, concluía el texto.