Para esta formación, es primordial reordenar el tamaño de la Administración del Estado, suprimir redundancias y duplicidades internas y acabar con “la mayoría de las empresas públicas”. Entiende, además, que es compatible con el aumento de la capacidad en ciertos sectores de la actividad pública que ahora carece de medios materiales y personales.

La formación liderada por Rosa Díez pretendía dotar de “estabilidad” a las estructuras administrativas y clarificar en cada administración las estructuras, evitando duplicidades. “Hay que terminar en todas ellas con las administraciones políticas paralelas que surgen de los nombramientos de eventuales”, requiere UPyD.

Pretendía promover el control de las externalizaciones de las funciones públicas y la realización de una evaluación de las políticas públicas de forma general y con consecuencias para los gestores responsables.

También pedía la profesionalización de la dirección de la Administración, especialmente la política de directivos en los ministerios del área económica, para evitar una movilidad descontrolada y excesiva; la modificación de sistema de selección de los trabajadores de las administraciones para garantizar su mérito y capacidad, implantar reglas contra el nepotismo y evaluar la labor de los empleados públicos.

La propuesta de resolución propugnaba un control “independiente” del Tribunal de Cuentas, la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de municipios en torno a 20.000 habitantes.

Finalmente, insistía en la necesidad de transparencia y de incentivos internos y externos para denunciar casos de corrupción, así como la reducción o eliminación de los gabinetes y personal eventual de la Administración.