La resolución inicial de Esquerra, que condenaba las leyes homófobas aprobadas en Uganda y Negeria, ha sido transaccionada con el PP y el PSOE y comienza por mostrar su apoyo a la declaración del año 2014 como 'Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB'.

A continuación “condena la persecución y criminalización” de estas personas, así como las leyes homófobas que las institucionalizan “en cualquier lugar del mundo”.

El Congreso insta al Gobierno a “mantener el compromiso de defensa en la ONU y otros foros internacionales de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, en especial del artículo 1 de la Declaración Universal” relativa a ellos, que establecer que todos los seres humanos “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Compromete al Ejecutivo a seguir trabajando en el marco de la UE y otros foros para promover activamente la “derogación” de las leyes que en muchos países penalizan a las personas homosexuales y transexuales, “especialmente en los países del mundo que todavía permiten la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas”.

Además, quiere que se busquen todas las “fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación sexual y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de éstas”.

La enmienda transaccional establece que el Gobierno deberá colaborar en los trabajos y actividades que se desarrollen con motivo del “Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB”.

El presidente ugandés acaba de firmar la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad, que no sólo condena a las personas por su orientación sexual, sino que establece como delito la no denuncia por parte de familiares y allegados.

La propia Amnistía Internacional denuncia que esta ley “institucionaliza el odio y la discriminación” contra estas personas tanto en Uganda como en Nigeria, donde también rige una ley similar que condena a diez años de prisión a quien se reúna con ellas o forme grupos que defienda sus derechos humanos.

La instauración de esta legislación ha desatado una “caza de brujas”, decía ERC en su exposición de motivos, que ha motivado detenciones y la elaboración de una lista negra en la que se identifica a estas personas.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que el procesamiento y prisión de una persona por su orientación o identidad sexual es motivo para conceder asilo, aunque Esquerra echa de menos que la UE explicite que el hecho de que haya leyes contra las relaciones homosexuales consentidas va en contra del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia.