Así se desprende del informe anual de esta institución correspondiente a 2013, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó este jueves a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Becerril señaló que la disminución de las quejas ciudadanas a la institución del Defensor del Pueblo se debe al incremento que se produjo en 2012 debido a “ajustes en materia salarial de retribuciones de funcionarios, el copago sanitario, ajustes en asuntos sociales, educativos, etc.”.

Esta reducción, añadió Becerril, hace pensar a la oficina del Defensor del Pueblo que “habrá unas perspectivas algo mejores y más esperanzadoras en los próximos meses y años” para los ciudadanos.

Por el contrario, el Defensor del Pueblo formuló el año pasado un total de 711 recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias a las administraciones públicas, lo que supone el récord histórico de esta institución y un 29,7% más respecto a las 548 peticiones de 2012.

De las respuestas de las administraciones al trabajo de la institución se desprende que se aceptaron el 74,4% de las recomendaciones y el 78,8% de las sugerencias.

El número de actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo apenas varió, con 347 el año pasado, 24 menos que en 2012.

Becerril destacó el "enorme esfuerzo" realizado por el personal de su oficina durante el año pasado, ya que el presupuesto del Defensor del Pueblo se redujo en un 3,7% en 2013.

TASAS JUDICIALES Y PAGO A PROVEEDORES

Por otro lado, Becerril enumeró algunos de los “asuntos importantes” tratados por la institución que dirige durante el año pasado. Por ejemplo, formuló al Ministerio de Justicia recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley de Tasas Judiciales, la mayoría de las cuales fueron aceptadas, lo que provocó una reducción de las tasas variables en un 80%, se incrementó el número de personas beneficiarias de justicia gratuita y se eliminaron tasas para algunos colectivos.

Ante la preocupación por las deudas de varias administraciones con entidades que prestan servicios sociales, el Defensor del Pueblo solicitó al Ministerio de Hacienda que los fondos habilitados para el pago de deudas fueran destinados, en primer lugar, a las contraídas con este tipo de servicios asistenciales. La ampliación del Plan de Proveedores, recogió varias de estas propuestas.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo recomendó el pasado mes de marzo una mayor colaboración entre las administraciones implicadas, especialmente comunidades autónomas y los ayuntamientos, en relación con las viviendas públicas vacías para que se favorezca el alquiler frente a la renta, con unos precios asequibles. El Ministerio de Fomento asumió las recomendaciones realizadas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

Recomendaciones sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, los centros de privación de libertad, la regulación de la insolvencia personal de particulares de buena fe sobreendeudados en relación a las hipotecas, las participaciones preferentes, la gratuidad de los libros de texto y la presentación del IVA en papel fueron también realizadas con éxito por el Defensor del Pueblo en 2013.