En la propuesta, que fue rechazada con 200 votos en contra, 130 a favor y 2 abstenciones, el grupo instaba al Ejecutivo a abrir un proceso de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales con el objetivo de derogar la reforma laboral y de impulsar un modelo de relaciones laborales basado en “el trabajo estable y con derechos”.

Asimismo, este proceso debería desembocar en una mayor protección de las personas asalariadas, “mejores salarios, un fortalecimiento de la negociación colectiva y una democracia real dentro de las empresas”.

La propuesta de La Izquierda Plural solicitaba también al Ejecutivo que lleve a cabo un nuevo balance de los efectos de esta reforma a partir del diálogo con patronales y sindicatos, y sometiéndolo a contraste con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por último, reclamaba un plan de choque para la generación de empleo estable y de calidad que atienda fundamentalmente a jóvenes y parados de larga duración.