Por ello, la institución se dirigió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para recomendarle que en colaboración con las comunidades y mediante la aplicación de políticas sociales se facilitara fórmulas de exención total o parcial de la contraprestación económica (60 euros para los menores de 65 años y 157 para quienes superen esa edad).

Además, el Defensor también reclamó una aclaración a Sanidad del alcance de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y con enfermedades crónicas o padecimientos graves, así como que se asegurase la continuidad asistencial de estos procesos, para evitar casos como el senegalés que falleció el pasado año como consecuencia de un proceso de tuberculosis en Baleares, del que también se ocupó la Oficina del Defensor del Pueblo, o la de una enferma con un proceso oncológico, candidata a trasplante e ingresada en un hospital de Madrid, que se resolvió gracias a la concesión de una autorización de residencia por razones humanitarias y así pudo encuadrarse como asegurada en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, Sanidad no ha acogido la recomendación del Defensor.