El trabajo, presentado este jueves en las Cortes Generales, recoge un gran número de quejas motivadas por la entrada en vigor del Real Decreto 609/2013, que exige un 6,5 de cara al mantenimiento de la ayuda y un 5,5 a la hora de obtener la gratuidad de la matrícula.

Por ello, la defensora del Pueblo expresó su preocupación a la Secretaría de Estado del ramo, consciente de que “aunque la exigencia de rendimiento académico sirve de estímulo” a los perceptores de ayudas, “el valor fundamental de la política de becas y ayudas al estudio es lograr que ningún alumno abandone su formación por motivos económicos”.

También manifestó su inquietud ante los efectos que estas nuevas exigencias supondrían para los estudiantes que accedieron a una beca en cursos anteriores, que podrían tener que devolverlas o, en cualquier caso, verían modificadas sus previsiones económicas.

En el informe abundan también las reclamaciones referidas al nuevo diseño del sistema de asignación de ayudas, en el que desaparecen tramos de renta, se simplifican los conceptos y se introduce una parte variable en función de la media del estudiante, de las notas de los demás becarios en su misma rama de estudios y de la disponibilidad presupuestaria.

Algunas de las críticas destacan que esta novedad hace que el cobro íntegro de la ayuda se retrase más allá del plazo habitual y genere “gran inseguridad entre los becarios, que comienzan el curso sin saber de cuánto dinero van a disponer”.

La Secretaría de Estado de Educación justificó ante el Defensor del Pueblo su decisión en base a que las notas elegidas suponen “puntos de inflexión relevantes”, y negó que supongan una ruptura de la equidad.

En 2013 se recibieron también numerosas reclamaciones relativas a la eliminación (después rectificada) de las ayudas del ministerio a los estudiantes Erasmus, así como por parte de jóvenes que en su día solicitaron un crédito renta-Universidad (promovidos por el Ministerio de Educación y el ICO) para la realización de estudios de posgrado al que no pueden hacer frente en la actualidad.

Finalmente, el Defensor del Pueblo transmitió al ministerio la recomendación de unificar los criterios y sistemas de ingreso en la universidad, dado que la nueva ley educativa prevé la eliminación de las pruebas de Selectividad y que esto podría generar “descoordinación e inequidad en el acceso”.

Esto resultaría especialmente grave en aquellas carreras donde la demanda supera a la oferta como Medicina, motivo por el que Educación ya se ha comprometido a impulsar un sistema de preinscripción único a nivel nacional.