Según recoge el informe relativo a 2013, presentado este jueves en las Cortes Generales, el año pasado analizó el supuesto que planteaban varios estudiantes con gran discapacidad, matriculados en la Universidad Complutense de Madrid, y que recibían apoyo de la Oficina Universitaria para la Integración de Personas con Discapacidad para trasladarse a la universidad, utilizando transporte público.

Desde mayo de 2012, relata el documento, este apoyo excluía el transporte desde sus domicilios hasta el recinto de la universidad, dado que los contratos de los becarios que realizaban estos trabajos carecían, desde entonces, de cobertura en caso de accidente fuera del recinto universitario.

En paralelo a esta afirmación, el texto indica que la Comunidad de Madrid desarrolla el Programa de Vida Independiente que incluye un Servicio de Asistencia Personal para personas que, con un altísimo grado de discapacidad y dependencia generalizada a diferentes ámbitos de su vida cotidiana, precisan de especial ayuda para llevar a cabo sus objetivos de vida activa de forma independiente.

Según datos facilitados a esta Institución, en 2013 los recursos existentes para el desarrollo de este programa permitieron prestar servicio a 59 personas, de las que 23 cursaban estudios en la universidad.

Sin embargo, concluye el informe del Defensor del Pueblo, las quejas recibidas durante este mismo período "permiten deducir que la ayuda ofrecida resultó insuficiente, o no llegó a todos los estudiantes que la precisaban".

En definitiva, finaliza, en las universidades de la Comunidad de Madrid todos los servicios y apoyos que requiere el alumnado con discapacidad, con altas carencias de autonomía, "suponen una inversión considerable en recursos económicos, materiales y humanos, pero hasta el momento ninguna Administración ha asumido sus responsabilidades en esta materia".