Así se recoge en el informe anual de esta institución correspondiente a 2013, donde señala que inició una actuación de oficio en noviembre de 2012 ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), ambas del Ministerio de Fomento.

El Defensor del Pueblo subraya que el aeropuerto de Castellón se realizó con “planificación deficiente” y con “una inexistente evaluación estratégica del planeamiento aeroportuario”. “No fue posible examinar el Plan Director, de modo que pudiera hacerse una valoración general de las consecuencias de la presumible falta de estrategia en la planificación y programación”, añade.

La institución encabezada por Becerril recuerda que el derecho de la UE y la Ley de 2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente recogen para estos casos “no sólo la valoración de los efectos ambientales, sino también los impactos sociales y económicos”, dado que su objeto es “promover un desarrollo sostenible”. “Todo indica que en este caso no hubo una evaluación estratégica con influencia en la decisión de acometer el aeropuerto”, concluyó.