Debate Nación. CiU quiere acordar “en qué momento procesal” debe abandonar su puesto un cargo público
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CiU quiere acordar con los demás partidos políticos “en qué momento procesal” un cargo público debe abandonar su responsabilidad por estar inmerso en un proceso penal, dentro de las medidas contra la corrupción que propone en una de sus propuestas de resolución posteriores al Debate sobre el Estado de la Nación.
Considera “urgente impulsar un amplio acuerdo político y social que contribuya, de manera efectiva, a afianzar los valores de la regeneración democrática y de la transparencia”.
En uno de los puntos, pide “unificar criterios entre las distintas formaciones políticas para definir en qué momento procesal es oportuno que un cargo político deba apartarse de sus responsabilidades por estar inmerso en un proceso penal, y dotar al Poder Judicial de mayores medios y de un procedimiento más ágil para poder investigar y juzgar con mayor celeridad todos los casos de corrupción”.
Entre las medidas concretas que propone, está el refuerzo de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para “facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas y de su efectiva ejecución”.
También impulsar una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para “facilitar su más rápida discusión y tramitación parlamentaria”, eliminando obstáculos legales que actualmente dificultan su debate y dando la posibilidad expresa a los promotores de retirar el texto cuando consideren que se ha alterado de forma sustancial.
CiU aboga asimismo por impulsar una reforma de la Loreg para favorecer “una mejor conexión entre los cargos electos” y los ciudadanos, con mecanismos que permitan “superar el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas”.
Incluye también una petición para regular de forma precisa a los lobbies a partir de la propia definición de la Comisión Europea para garantizar la transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los ciudadanos y las empresas tienen de poder acceder a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando “los límites de estas actividades”.
Finalmente, proponen crear un grupo específico de trabajo, por ejemplo una subcomisión en la Comisión Constitucional, con la participación de todas las fuerzas parlamentarias para impulsar medidas legislativas sobre calidad democrática y reforzar expresamente las posibilidades de control parlamentario con mayor inmediatez y proximidad en el nuevo reglamento del Congreso de los Diputados.
(SERVIMEDIA)
26 Feb 2014
CLC/gja