Según la propuesta de los nacionalistas vascos, el Gobierno pretendió en julio de 2013, fecha en la que se fijo el cierre definitivo de la central, que la explotación de la misma continuara, encontrándose con la “sorpresa” de que Nuclenor paralizara la explotación por motivos de rentabilidad.

El PNV señala que si el Gobierno considera que el cierre es “ilegal” o “anómalo” se debe a su “capricho personal”, y no a la “racionalidad” económica y política.

Así, advierte de los riesgos de una central “anticuada” y “obsoleta” que supera los 40 años y es de primera generación, y recuerda que el actual exceso de capacidad de generación eléctrica y la “escasa” potencia de la central hacen que sea “perfectamente prescindible”.