La Junta de Gobierno acordó también reunirse con los distintos grupos políticos del Senado para trasladarles este desacuerdo y tratar de recabar los máximos apoyos a las propuestas de enmienda que la FEMP va a elaborar.

Para esta institución, la actual redacción del proyecto de ley plantea unas cargas injustificadas sobre las entidades locales, e incluso discriminatorias respecto por ejemplo de las redes de autoprestación de las entidades privadas. Por ejemplo, no incluye el concepto de autoprestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios públicos, vinculado al ejercicio de competencias municipales.

Otra cuestión que sugiere la FEMP es que las administraciones locales deberían poder establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo tiene que llevarse a cabo la utilización del dominio público local.

Por último, la FEMP espera que la ley garantice la seguridad de las instalaciones, ya sea a través de la técnica de la licencia, o el régimen de comunicación, pero siempre con la presentación de un proyecto firmado por técnico competente que permita verificar el cumplimiento de la normativa y controlar el impacto urbanístico.