En el escrito se indica que esta norma "regula de forma inconstitucional la distribución y el ejercicio de competencias entre las administraciones estatal, autonómica y local, en lugar de haber procedido a una verdadera racionalización y reforzamiento democrático de la Administración Local".

En la proposición se destaca que dicha ley "lesiona la garantía constitucional de autonomía local" y se critica “el desapoderamiento competencial de los municipios, básicamente con la atribución de competencias a las diputaciones provinciales y las comunidades uniprovinciales de los de menos de 20.000 habitantes, con la vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución”.

Asimismo, la oposición expone que "la forma en que se han incluido mecanismos de tutela también vulnera la garantía constitucional de la autonomía local, ya que el procedimiento utilizado por el legislador estatal para la atribución de algunas competencias municipales a las comunidades autónomas ataca el eje mismo del modelo de reparto competencial previsto en la Constitución".

“No estamos ante un mero proceso de ampliación o disminución de las competencias municipales, que trae como consecuencia una alteración de las competencias autonómicas, sino ante una alteración directa del reparto competencial derivado de la Constitución y los estatutos de autonomía, soslayando los procedimientos que la Constitución establece, en cuanto modifica el quantum competencial autonómico”, se señala en la iniciativa conjunta de los tres grupos parlamentarios.