En su primera intervención en el debate que hoy se inició en el Congreso de los Diputados, Rajoy insistió en que la lucha contra la corrupción tiene que estar contemplada en el Código Penal. “Tenemos que dotar de más efectividad las figuras penales existentes contra la corrupción y, además, ajustarlas a la gravedad de estas conductas”, avanzó.

“Con las figuras existentes no es bastante. Por eso proponemos la creación de nuevos tipos que completan los instrumentos penales de respuesta frente a la corrupción, como la financiación ilegal de partidos políticos”, anunció Rajoy.

El presidente del Gobierno recalcó que “debe haber una respuesta clara y contundente para aquellos comportamientos que incumplan la legalidad” porque, denunció, la corrupción “ataca a la propia democracia, creando la aparencia de que el problema no es la corrupción sino la política”.

Rajoy, que resaltó que “de los casos de corrupción se están ocupando los tribunales y que el Gobierno trabaja y trabajará en la prevención y castigo de los que se produzcan mañana”, aseguró además que es “imprescindible reformar la legislación procesal”. “Porque necesitamos más agilidad y eficacia en la actuación de los Tribunales de Justicia”, justificó, para defender que “la Justicia llega a todos por igual”.

El presidente del Gobierno, que puso en valor que los resultados del Informe Anticorrupción de la Comisión Europea reconocen a España los esfuerzos hechos por el Gobierno y el Parlamento “para atajar la corrupción”, recordó que, en el debate del año pasado, que se desarrolló coincidiendo con el ‘caso Bárcenas’, trajo al Congreso “un compromiso en materia de transparencia y en materia de regeneración”.

Destacó la importancia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que “todos los grupos pueden sentirse reflejados”, dijo. El jefe del Ejecutivo insistió en que la regeneración democrática va “más alla de las coyunturas” e incidió en que este plan tiene como grandes pilares “la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”.