Discapacidad. CiU quiere que las familias con miembros con discapacidad se beneficien del bono social eléctrico
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El Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que incluya a las familias con miembros con discapacidad como beneficiarias del bono social eléctrico, por el "sobrecoste" que les suponen en su día a día las consecuencias de la discapacidad.
En concreto, la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, insta al Ejecutivo "a impulsar la inclusión, como beneficiarios del bono social eléctrico, a aquellos consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que integre en su seno a una o más personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, tanto en la actual regulación normativa como en la futura, prevista en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico".
El Grupo Catalán argumenta en la exposición de motivos de su proposición que los ciudadanos con discapacidad, por el hecho de tenerla, soportan habitualmente un sobrecoste en los gastos de la vida diaria al que no se enfrenta el resto de la población.
Así lo constata, según expone CiU, un estudio encargado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona, que "confirma la premisa de que a mayor grado de discapacidad más agravio económico comparativo existe con relación al resto de la población".
El informe lo ha elaborado la empresa Antares Consulting a partir "de una exhaustiva investigación de fuentes estadísticas, publicaciones y literatura sobre discapacidad", así como con la opinión y conocimiento de expertos en este ámbito.
En función de sus conclusiones, las personas con discapacidades que precisan más apoyos tienen, a menudo, "serias dificultades" para desplazarse de forma autónoma, manipular objetos o comunicarse, tareas todas para las que precisan de ayudas técnicas como sillas de ruedas eléctricas que suponen un coste de inversión.
Por otra parte, la proposición no de ley señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión en la comunidad, por lo que los poderes públicos deben establecer medidas contra la discriminación y de acción positiva, tal y como establece la normativa vigente.
Así pues, concluye el texto, conforme a las normativas básicas sobre igualdad, "resulta coherente ampliar el colectivo de beneficiarios del bono social eléctrico a aquellas personas con discapacidad y a las familias en las que se integran".
(SERVIMEDIA)
25 Feb 2014
IGA/isp