El pasado jueves, el Congreso aprobó con los únicos votos del PP tramitar ese proyecto con urgencia y por procedimiento de lectura única, lo que implica recortar los plazos y eliminar algunos pasos del procedimiento legislativo ordinario. El texto será sometido a debate y votación este jueves, una vez finalizado el Debate sobre el Estado de la Nación.

El jueves pasado, justo después de que el Congreso aprobara el procedimiento, llegaba a los grupos parlamentarios del Senado una circular remitida por la jefa del departamento de Registro y Distribución de Documentos, por instrucción directa del presidente de la Cámara, Pío García-Escudero.

En ella, se comunica a los grupos que la reforma saldrá aprobada como muy tarde el 21 de marzo, dando por hecho que también en el Senado se tramitará por ese mismo procedimiento, de urgencia y en lectura única.

Una vez que la reforma salga del Congreso y llegue al Senado, los grupos tendrán hasta el 5 de marzo para presentar enmiendas y propuestas de veto, con una posible ampliación hasta el día 7. El dictamen de la Comisión de Justicia deberá estar finiquitado el día 10 para ser elevado al Pleno al día siguiente.

El jueves de la semana pasada, la oposición en bloque se negó a participar en la votación de la tramitación exprés de la reforma por considerarlo una “farsa” impuesta por la mayoría absoluta del PP que vulnera el Reglamento del Congreso e incluso la doctrina constitucional.

Los grupos de la oposición denunciaron que ese procedimiento solo está previsto en el Reglamento del Congreso para iniciativas especialmente sencillas por su contenido o que gozan de consenso entre los grupos, circunstancias no aplicables, en su opinión, a este caso.

Acusan además al PP de hacer el juego al Gobierno al reformar la ley no mediante un proyecto del Consejo de Ministros, que tendría que someterse a varios informes preceptivos, sino mediante una proposición de grupo, que puede eludirlos.

Los socialistas reconocen que no es la primera vez que una reforma de la Ley del Poder Judicial se tramita por ese procedimiento, pero sí es la primera vez, subrayan, que se hace mediante una iniciativa respaldada por un único grupo parlamentario.

CiU coincide con ese planteamiento y, de hecho, su portavoz, Jordi Jané, avanzó que pedirá incluir en la reforma del Reglamento la prohibición de utilizar ese procedimiento para reformas que no tengan consenso.

Desde UPyD, Irene Lozano acusó abiertamente al Gobierno y al PP de haber cedido a las pretensiones de la “élite corrupta” de China a costa de liquidar “de un plumazo” principios esenciales de la democracia.

Aitor Esteban, del PNV, criticó que la petición de los grupos a la Mesa para pedir un informe jurídico se saldara con una resolución de ese propio órgano en el que consideraba que no era necesario. En el PP, aseguró, saben que en el Congreso “no hay letrado que se precie que hubiera firmado” un informe avalando el procedimiento para esa reforma.

También La Izquierda Plural acusó al PP de propinar un golpe “de muerte” a la jurisdicción universal y hacerlo además mediante un procedimiento “sumarísimo” impropio de una democracia.

Todos esos argumentos son “de conveniencia” según el PP, que defiende la legalidad y la constitucional del procedimiento apelando a las ocasiones anteriores en las que leyes orgánicas, incluida ésta, han sido reformadas mediante procedimiento de urgencia.