Explica, en primer lugar, que la supresión de la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados "atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano". Para ilustrar las posibles consecuencias de esta medida, denuncian que un abogado residente en Santander, por ejemplo, podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que sería de imposible materialización el cumplimiento del plazo de tres horas para personarse en la asistencia a un detenido en dependencias policiales.

En ese caso, advierte, "no solo no ofrece ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y dificulta enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados, al tener que sancionar las conductas negligentes de abogados que no están adscritos a su demarcación territorial".

Además, rechaza la vinculación de esta ley con la de tasas, porque la Justicia es un derecho constitucional que debe ser sufragado por las administraciones, y porque además la norma sobre las tasas está pendiente de varios recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Denuncia también que los nuevos importes para el acceso a la Justicia son "engañosos" porque perjudican a las unidades familiares con una sola persona.

El Consejo de la Abogacía incluye en su crítica al proyecto que se mantiene la duplicidad en la tramitación de expedientes, lo que supone un gasto público "innecesario y anticompetitivo".

Cree, además, que la extensión del derecho a justicia jratuita a determinados colectivos y personas jurídicas, al margen de sus recursos económicos, quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio.

También advierte de que invade competencias autonómicas "con una pretension recentralizadora", no resuelve problemas de la actual legislación y se establece "una sospecha" hacia los ciudadanos que soliciten este servicio tres veces al año.

Finalmente, cree que no se garantiza financiación pública suficiente para mantener el sistema, y por todo ello considera que merma los derechos de los ciudadanos.

Coincide con el Gobierno en la necesidad de una reforma de esta ley pero reclama diálogo para resolver los problemas reales y mejorar el servicio prestado a los ciudadanos.