En rueda de prensa celebrada en Madrid, las asociaciones criticaron la “falta de diálogo” y de “seriedad” del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y denunciaron la “falta de transparencia” de Industria al no facilitar la información sobre la que se basan los cálculos de las retribuciones de la orden ministerial.

En total, las renovables calculan que sufrirán este año un recorte de más de 3.400 millones de euros sobre los ingresos previstos, como consecuencia del ajuste de las medidas aprobadas desde 2011, junto con lo contemplado en la propuesta de orden.

Las asociaciones cuestionaron la actuación del Gobierno que, a su parecer, se ha limitado a poner en marcha “medidas meramente recaudatorias, que recaen fundamentalmente sobre las energías renovables y los consumidores”, y que han estado encaminadas a “aniquilar” el sector.

A su juicio, la última orden de parámetros retributivos, remitida por Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es un documento “confuso” de más de 1.500 páginas que añade “más incertidumbre” a un sector con una “regulación caótica”.

Se trata de “un ejemplo más de la improvisación” de Soria, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, que reprochó al ministro su falta de “seriedad”, ya que “cada vez que habla se corrige a sí mismo”.

En este sentido, aclaró que la cifra que dejarán de ingresar las renovables como consecuencia de la orden propuesta, en caso de prosperar, ascenderá a más de 2.500 millones de euros, casi 1.000 millones más que las cifras citadas por el ministro.

De no modificar su estrategia, advirtieron las renovables, el Gobierno acabará con un sector “rentable para España”, que llegó a superar los 137.000 empleos y que en 2012 ya perdió más de 23.000 puestos de trabajo.

POR LA VÍA JUDICIAL

Ante el “despropósito” de los recortes y las medidas aprobadas, las asociaciones han presentado ya alegaciones conjuntas ante el Ministerio de Industria y la CNMC. No obstante, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, señaló que “la acción está en mano de cada pyme y titular”.

En concreto, apuntó que “las alegaciones judiciales son de todas y cada una de las instalaciones renovables”, tal y como se han iniciado con los recortes anteriores del Gobierno socialista, mientras que quedan a la espera de que “se plasme en el BOE” para recurrir en instancias superiores, como el Tribunal Supremio, e incluso por la vía judicial a nivel europeo.

Asimismo, el presidente de Anpier recordó que España tiene seis arbitrajes pendientes, que previsiblemente acabarán en laudo, lo que llevará al Gobierno a tener que hacer frente a “indemnizaciones millonarias que tendrán que ser abonadas vía presupuesto” por los ciudadanos.

En este sentido, advirtió de que los productores fotovoltaicos han llegado “al límite de nuestra supervivencia”, tras haber “soportado” más de siete cambios normativos retroactivos en tres años de dos gobiernos distintos. “Sentimos que se han reído de nosotros”, sostuvo Martínez-Aroca, que criticó el “engaño” del Gobierno al haber llamado a los ciudadanos a invertir en renovables sin aclarar el riesgo jurídico.

Por ello, desde Anpier han solicitado ya la autorización pertinente para llevar a cabo una protesta a puertas del departamento de José Manuel Soria, para hacerle llegar las “barbaridades” cometidas ante unos “recortes impuestos” para los que el ministro “no ha perdido ningún minuto” en consultar con las asociaciones.

CRÍTICAS A LAS ELÉCTRICAS

Durante la rueda de prensa, las renovables realizaron algunas críticas respecto al trato “favorable” del Gobierno a las compañías eléctricas, que sin embargo se quejan de pérdida de beneficios cuando “tendrían que estar agradecidas”, apostilló el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo.

En esta línea, solicitaron al Ejecutivo que extraiga las partidas “que nada tienen que ver con la generación eléctrica”, tales como los costes extrapeninsulares, los pagos por interrumpibilidad o los pagos por capacidad a las eléctricas, de los costes del sistema.

Villarig recriminó además que se mantengan “jugosos beneficios” en materia de distribución y transporte “en los que el Estado es partícipe”, al tiempo que el director general de UNEF, José Donoso, recalcó que las eléctricas han recibido “casi el 50%” de las primas al régimen especial.

De esta forma, El presidente de Anpier calificó de “surrealistas” las quejas de las compañías eléctricas por verse afectados en “una pequeña parte de los beneficios” cuando las renovables “entramos en pérdidas”. “Es irritante ver este tipo de declaraciones” tras “beneficios sobrevenidos durante tantísimos años”, mientras “hay gente que perderá su planta y su casa” en el sector de las renovables, añadió.

EL NUEVO SISTEMA, “OPORTUNO” PERO INAPLICABLE

Respecto al nuevo sistema para fijar los precios de la luz, Crespo consideró “oportuno” hacerlo, ya que “está muy bien que esos 1.600 millones de costes de subastas se vayan”, puesto que “marcaban un precio para tres meses que no se correspondía” con el real.

A este respecto consideró “escandaloso” el hecho de que los consumidores hayan pagado estas cifras “sin saberlo” y ante la “evidencia” de los beneficios de las eléctricas, por lo que opinó que “hay que aplaudir” el nuevo mecanismo ante el contexto vivido hasta el momento.

Por el contrario, desde APPA, Villarig mostró sus dudas sobre el nuevo sistema para establecer los precios de la tarifa eléctrica y criticó que el ministro Soria “venda” una bajada del recibo de la luz en el próximo trimestre, cuando “no sabe lo que va a pagar el consumidor porque no sabe el precio de la energía”.

“Hoy no es aplicable”, apostilló Villarig, que pidió “seriedad” al titular de Industria, y mayor preocupación por la dependencia del gas, en vez de “buscar constantemente titulares”.