Dicha regulación, incluida en una disposición final a la reforma de la ley de defensa de los consumidores que modifica la ley del sector eléctrico, ha sido remitida al Senado.

En ella, el Gobierno establece que “las comercializadoras de referencia estarán obligadas a realizar ofertas a los consumidores con derecho al precio voluntario para el pequeño consumidor en las que el precio del suministro de energía eléctrica sea fijo para un periodo determinado, sin perjuicio de las revisiones que procedan de los peajes, cargos y otros costes regulados”.

En cuanto a al coste de producción, señala que “se determinará con arreglo a mecanismos de mercado en los términos que se desarrollen reglamentariamente”.

De esta manera, las eléctricas estarán obligadas a formalizar los contratos con los consumidores que lo soliciten conforme a un modelo de contrato normalizado. El plazo de duración y el resto de condiciones del contrato se fijarán también a través de un reglamento.

Además de esta tarifa fija, la regulación contempla que los consumidores contarán con otras dos alternativas, acudir al mercado libre (algo que ya pueden hacer ahora) o, en el caso de tener instalado un contador digital, pagar en función del coste de la energía a tiempo real.