Así lo afirmó este miércoles AI, que reclamó la paralización de esta extradición porque Pavlov, de 37 años y solicitante de asilo, corre el riesgo de ser torturado en su país.

Amnistía asegura que ha recibido esta confirmación desde varias fuentes y que la decisión fue tomada por el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero.

"El Gobierno español ha decidido extraditar a Aleksandr Pavlov a Kazajistán a pesar de la evidencia creíble de que podría ser torturado a su regreso. Si le envían de vuelta, va a violar las obligaciones legales internacionales contraídas por España”, subrayó Julia Hall, experta en Justicia Internacional de Amnistía Internacional, quien añadió que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “debe hacer lo correcto y revertir esta decisión”.

Amnistía Internacional señaló que la solicitud de extradición se debe a que durante varios años fue jefe de los guardaespaldas del líder opositor Mukhtar Ablyazov, que huyó de Kazajistán en 2009.

Esta organización apunta que el Gobierno español asegura que el Ejecutivo kazajo ha ofrecido “garantías diplomáticas” de que Pavlov no será maltratado en el caso de regresar a su país, aunque Hall recalcó que “las garantías sobre un trato humano de los gobiernos que rutinariamente torturan no sirven para nada”, por lo que pidió a las autoridades españolas que no confíen en “tales promesas vacías”.

Amnistía comentó que continúa recibiendo informes de tortura y otros malos tratos a detenidos y presos en Kazajistán, y que España “no puede ignorar este historial” porque cuenta con la “obligación legal de no devolver a ninguna persona a un país donde esté en riesgo real de persecución o de otras violaciones o abusos graves contra los derechos humanos”.

Con la supuesta decisión del Gobierno, la única oportunidad que queda a Pavlov para impugnar la extradición es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obligaría a frenar la devolución de este ciudadano a Kazajistán si adopta “medidas provisionales”.

LA ONU, CONTRARIA A LA EXTRADICIÓN

El pasado 10 de enero, dos expertos independientes de la ONU sobre tortura y derechos de los migrantes, Juan Méndez y François Crépeau, respectivamente, conminaron a España a detener la extradición de Pavlov a Kazajistán, al tener “temores bien fundados” de que el acusado estaría en riesgo de ser torturado o sometido a un juicio injusto en su país.

El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional aprobó la extradición de Pavlov, si bien la decisión final debe recaer en el Consejo de Ministros, que, según Amnistía Internacional, la ha autorizado ya.