Moreno ha adoptado esta decisión tras tomar declaración a los terroristas, que llevaban 22 años huidos de la justicia, y regularizar su situación, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional se ha encargado de este trámite por encontrarse esta semana de guardia.

Narváez y Alberdi han quedado ahora a disposición de los juzgados de instrucción en los que tienen causas pendientes. Los terroristas, en concreto, estaban reclamados por los juzgados 1, 4 y 5 de la Audiencia Nacional.

El Juzgado de Instrucción número 1, del que es titular Santiago Pedraz, reclama a ambos etarras por el envió en 1991 de un paquete-bomba al presidente de Construcciones Atocha. Dos artificieros murieron cuando trataban de desactivar el artefacto.

El juzgado de Pedraz también atribuye a Narváez la colocación de un coche-bomba en el cuartel de la Guardia Civil en Torremolinos (Málaga) el 15 de abril de 1991, una acción terrorista que no causó muertos pero sí numerosos heridos.

El Juzgado de Instrucción número 5, por su parte, tiene encausados a los dos etarras por el asesinato del catedrático Manuel Broseta el 15 de enero de 1992. El órgano del que se encarga el juez Pablo Ruz tiene otra causa abierta contra Alberdi, en este caso por el envío de un paquete-bomba al Ministerio del Interior en junio de 1991. El paquete fue devuelto a la empresa de paquetería y estalló el 1 de julio, provocando la muerte de tres agentes de policía.

Además, el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4, investiga a ambos por el asesinato en 1991 del delegado de Ferrovial en Valencia, José Eduardo Casall.