Según el texto, su objetivo es "frenar la fuga de cerebros” y garantizar la viabilidad de “proyectos de investigación punteros y programas que además recibieron una amplia inversión en años anteriores”, a punto de desaparecer, indica, debido a la prohibición de contratar empleados públicos en el sector impuesta por el Real Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La propuesta del PSOE pide elevar al 10% la tasa de reposición del personal investigador en organismos públicos y universidades, que actualmente es del 0%.

También defiende la extensión de modalidades de contratación específicas para estos trabajadores a los centros, entidades u organismos de investigación vinculados o dependientes de las universidades, y alargar los contratos por obra y servicio de aquellos investigadores dentro de las previsiones de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.