Olabarría subrayó a Servimedia que se están cumpliendo las peores previsiones sobre el número de inmigrantes que intentaron llegar a España "y el drama va en aumento día a día".

Ante esa evidencia, cree que el ministro debe aclarar si procedió a expulsiones sumarias colectivas de los supervivientes, "específicamente prohibidas" por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ademas, cree que Interior debe explicar si se incurrió en un delito penal de denegación de auxilio, recogido en el artículo 195 del Código Penal, o algo que pudiera ser peor: "Si existe alguna relación de causalidad entre la actuación en la mar o desde tierra que hubiera podido provocar alguno de los ahogamientos que se dieron y que constituyen el aspecto más luctuoso de estos episodios".

En ese caso, advirtió Olabarría, "estaríamos hablando de responsabilidades político-jurídicas muy graves".

Por todo ello, cree que Interior debe instar al Ministerio Fiscal a realizar una investigación "pormenorizada e independiente" de los hechos y facilitar toda la información, tanto al fiscal como a los grupos parlamentarios.

También pide a Interior "que no le tiemble el pulso a la hora de depurar responsabilidades políticas". "La mejor forma de clarificar la conducta del Ministerio del Interior no es amenazar con querellas criminales a quienes quieren saber la verdad, sino ofrecer a toda la ciudadanía una versión creíble de lo que de verdad ocurrió", añadió.