El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, indicó que “esta iniciativa responde a una demanda histórica de las organizaciones de Economía Social”. Pedreño añadió que “esta iniciativa es acertada y oportuna, ya que persigue que las empresas con un alto valor añadido para la sociedad tengan un derecho preferente en el acceso a la contratación pública”.

La proposición de ley plantea una reforma de la legislación básica en materia de contratación pública para introducir de modo estructural y sistemática cláusulas sociales, contemplando además algunos avances importantes para los Centros Especiales de Empleo y para las empresas de inserción, entidades que forman parte de la Economía Social según la Ley 5/2011.

El presidente de la patronal de la Economía Social resaltó que “esta iniciativa tiene que ser más ambiciosa y convertirse en una excelente oportunidad para que los grupos parlamentarios incluyan más elementos de la responsabilidad empresarial en los pliegos de la contratación pública”.

La exposición de motivos de la roposición de ley de CiU recuerda algunas de las conclusiones de la Subcomisión de Responsabilidad Social del Congreso de los Diputados, las cuales deben contemplarse y regularse en la contratación pública. Criterios ya consolidados como la transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de otros colectivos en exclusión, así como el consumo sostenible, son elementos que, según Cepes, deben incorporarse en los pliegos de la contratación pública.

A juicio de Pedreño, estos criterios, junto con otros como la creación y mantenimiento del empleo o la apuesta por la contratación indefinida, deben ser elementos a tener en cuenta en los pliegos que regulen la contratación pública.

Con la inclusión de estos criterios, además de los que ya contempla la iniciativa de CiU, Pedreño considera que “estaríamos no solo ante un gran avance legislativo ambicioso, sino que, además, se estaría reforzando los trabajos de la Estrategia Nacional de RSE, que está a punto de culminar sus trabajos. España se colocaría a la bandera en estos debates, tan importantes para la sociedad, que cada vez más demanda un modelo de empresas con valores".