Son muchos los países que han establecido objetivos de cumplimiento, aseguró Vázquez en una entrevista con Servimedia. Por ejemplo, Holanda ha establecido objetivos para que el 100% de las compras públicas a nivel nacional incluyan criterios de sostenibilidad, así como el 75% de las compras públicas a nivel municipal y el 50% de las compras públicas a nivel provincial. Se estima que para el año 2015 el 100% de todas las compras públicas en Holanda se realizarán incluyendo criterios sociales y medioambientales.

Por estas razones, Vázquez afirmó que si el tejido empresarial español no se adapta a incorporar estos nuevos procesos de gestión, se verá en un futuro cercano en una situación de pérdida de competitividad, al actuar en una economía regional, marco europeo, y estar en inferioridad de condiciones con respecto a otras empresas en los procesos de licitación de terceros países.

Además, el coordinador del Observatorio de RSC aseguró que desarrollar políticas públicas de incentivos en materia de RSE implica que los Estados “apuestan” por la defensa de un desarrollo sostenible, en el marco de un mundo globalizado e interconectado.

La Administración Pública, como consumidora, compra suministros, contrata servicios y encarga obras de acuerdo a sus necesidades, lo que contribuye a un porcentaje considerable del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Introducir criterios de responsabilidad social en el ejercicio de dicha actividad no solo mejora la eficiencia en la contratación pública, sino que también aprovecha el poder de compra público para generar mejores beneficios sociales y medioambientales tanto a nivel local como global.