En la asamblea participan la Comisión Permanente de la OMC, los presidentes de los 52 colegios de médicos y los representantes de las nueve vocalías nacionales. La declaración que han emitido expone que "la responsabilidad de certificar un 'grave peligro para su salud psíquica', salvo en el supuesto de existencia previa de patología psiquiátrica grave, realizado por dos médicos como condición para poder interrumpir el embarazo en los plazos previstos queda en manos del criterio de cada profesional. No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros.

También reclaman la despenalización del aborto en el supuesto de malformación grave o enfermedad incompatible con la vida del feto, siempre en equilibrio con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, la OMC precisó que la objeción de conciencia debería limitarse a aquellos profesionales que intervengan directamente, no a los que participen de forma indirecta.

El texto reconoce, no obstante, la complejidad del asunto a regular y la necesidad de conciliar intereses a veces contrapuestos, así como distintas sensibilidades.

LOS ESTUDIANTES, EN CONTRA

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación mostró también en un comunicado su total rechazo al anteproyecto. “Una ley de plazos no obliga a ninguna mujer a abortar y, en cambio, ofrece mayores garantías jurídicas a las mujeres que deciden hacerlo y a los profesionales”, indicó.

Finalmente, reivindicó la información sobre métodos anticonceptivos y una auténtica educación sexual, a fin de evitar embarazos no deseados.