Tras varios meses de conversaciones con el gobierno, SGAE considera que la versión final del texto "ha mejorado con respecto al planteamiento inicial, pero sigue colocando al sector cultural en España en desventaja con respecto al de otros países de nuestro entorno".

La SGAE llama la atención especialmente sobre los aspectos de este proyecto "que pueden poner en peligro la competitividad internacional de la industria cultural española y los relativos a combatir con mayor firmeza el uso ilegal de contenidos, fundamentalmente los digitales".

Asimismo, considera que la nueva ley debería seguir las líneas establecidas por la Unión Europa, evitando que España se convierta en un paraíso para las compañías tecnológicas multinacionales que apenas pagan aquí sus impuestos, ni crean puestos de trabajo en nuestro país.

La SGAE dice que no ha puesto en ningún momento en cuestión las medidas que vienen a reforzar la transparencia en la gestión de las entidades. "Los titulares de derecho, tanto nacionales como internacionales, siguen confiando a la entidad la gestión de sus derechos año tras año, desde hace ya más de un siglo, superando ya los cien mil asociados", añadió.