El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo que la norma no acaba con todos los problemas de la piratería, porque esta tiene una dimensión internacional, pero ayudará a combatirla mejor en España.

Wert destacó que se podrá perseguir a los que se lucren con el pirateo por la vía civil y se fortalecerán las funciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de forma que se le permitirá actuar frente a las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria.

A esa comisión se la dota de mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras. De este modo, se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad. También, cuando esté justificado, podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web.

En caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos, este órgano podrá imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros.

En materia de entidades de gestión, el proyecto establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago. Para ello, impone a las entidades de gestión la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.