Según informó el Ejecutivo, el texto pretende poner al día todas aquellas cuestiones que han quedado obsoletas y adaptarse a las normas internacionales vigentes.

Además, desarrolla normas internas para regular el transporte por carretera de mercancías peligrosas en los aspectos que o bien no se contemplan en el acuerdo europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) o bien deja libertad a los Estados para su desarrollo o concreción.