El objetivo último es incrementar los recursos humanos dedicados a la investigación en España, no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, es decir, mejorar las condiciones laborales de los investigadores. También prevé la movilidad entre los diversos agentes del sector público (particularmente entre OPIs y Universidades) y entre estos y el sector privado.

Además, la Ley creará el denominado contrato de investigadores distinguidos, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio, para dirigir proyectos científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia.

La Ley definirá dos nuevos instrumentos de planificación: la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Estatal de Innovación, a lo que hay que sumar la creación de un Consejo de Política Científica y Tecnológica como órgano de coordinación. Este último organismo estará compuesto por los Departamentos ministeriales con competencias en la materia y las Comunidades Autónomas.

También establecerá una Comisión Consultiva de Política Científica y Tecnológica como órgano de participación de los agentes sociales y la ciudadanía en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La Ley apostará por la difusión universal del conocimiento, a través de la promoción de la publicación “en abierto” de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Asimismo, hará especial hincapié en la cooperación científica al desarrollo y en el fomento de la cultura científica y tecnológica como actividades propias de los investigadores, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad. También fomentará el mecenazgo en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Por último, la nueva norma también abordará diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorporará novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo profundizando y complementando lo previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.