Esta normativa se enmarca en la preparación de la implementación de los Fondos Estructurales y Fondos de Inversión para los próximos siete años por parte de la Unión Europea, cuyo marco para este nuevo modelo de programación constituye una oportunidad para proteger los derechos de las personas más excluidas de Europa, las personas que viven en instituciones.

En este sentido, el Cermi se suma a la opinión del Grupo Europeo de Expertos en la transición de instituciones a cuidados comunitarios (EEG, por sus siglas en inglés), que acoge “con satisfacción” este avance histórico en el panorama legislativo europeo, que debe suponer mejoras en la situación de los niños y adultos que se encuentran en instituciones o en riesgo de ser institucionalizados y facilitar soluciones reales, efectivas e innovadoras en el sector de los servicios sociales.

El EEG, según manifiesta, espera poder profundizar en la colaboración con las autoridades nacionales correspondientes y con las instituciones de la UE durante el nuevo periodo de programación, con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los nuevos reglamentos para mejorar “de forma importante” las vidas de las personas institucionalizadas o en riesgo de serlo.

Así, el Grupo Europeo de Expertos en la transición de instituciones a cuidados comunitarios insta a la Comisión Europea a asesorar a los Estados miembros, para así asegurar que la prioridad de apoyar dicha transición, que se expresa claramente en el reglamento, “se realice plenamente durante el nuevo periodo de programación”.

También pide garantizar que el compromiso adquirido de efectuar esta transición se incorpore claramente en los acuerdos de asociación y Programas Operativos de todos los Estados miembros.

Otra de las demandas del EEG es que se asegure el seguimiento efectivo de la aplicación de los compromisos adquiridos a nivel nacional y por parte de la Comisión Europea, incluyendo la participación efectiva de todas las partes interesadas pertinentes, de conformidad con el Código Europeo de Conducta en materia de Asociación.

Además, solicita a la Comisión Europea que se garantice que las Recomendaciones Específicas por País (REP), que se elaboren en base a los Programas Nacionales de Reforma, “sean coherentes” con los objetivos que se establecen en los nuevos reglamentos y se utilicen a modo de herramienta para lograr estos objetivos.