El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ve ninguna infracción penal en los llamados escraches que son, a su juicio, “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos”, y no dejan de serlo por la "particularidad de haberse producido frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno".

Martínez Pujalte considera que la decisión del Tribunal, que no es recurrible, “no es del todo positiva”, aunque insistió en expresar el “máximo respeto a los jueces” y sus sentencias.

“A veces los ejercicios de libertad de expresión que consisten en intimidar o violentar la autonomía de otros, me parecen una libertad de expresión muy peculiar. Si cuando ese juez pusiera una sentencia a un ganster, la familia del ganster fuera su puerta a protestar, a lo mejor opinaría lo contrario”, afirmó.