La Junta de Portavoces incluyó esta mañana la proposición de ley de reforma de esta normativa presentada por el PP, tras ser autorizada en tiempo récord por el Gobierno, para que sea debatida en Pleno el próximo martes, día 11 de febrero.

Tardá denunció en rueda de prensa la intención del Gobierno de “dinamitar la justicia del Estado” cuando “estábamos muy orgullosos de que cualquier criminal sabía que se le perseguiría donde fuese por haber cometido crímenes contra la humanidad y sabía que sería buscado y juzgado”.

Aunque el PSOE “ya restringió el concepto de justicia universal”, explicó el diputado independentista, el recorte que ahora propone el PP “convierte Estado español en cómplice de genocidas. Entre las víctimas y los criminales, el Estado español opta por el criminal de guerra”.

Esquerra considera, además, que esta reforma normativa supone “blindar al Estado español” que, según ha denunciado el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, “no ha juzgado a las personas responsables de tantas atrocidades en el franquismo”.

Después de esta reforma, preguntó, “¿dónde tendrán que ir las víctimas? No podrán ir a ninguna parte”, aunque se trate de ciudadanos españoles que hayan sido víctimas de acciones genocidas o violaciones de derechos humanos, aseguró Tardà.

A su entender, es “inconcebible en un Estado democrático” proceda así. Tardà denunció que este Gobierno “después de cargarse el Estado social, ahora se está cargando el Estado de Derecho, y ahora nos preguntamos cual será la próxima estación, que puede ser terrible: Cargarse el Estado democrático”.

Para Esquerra, esta reforma supone “renegar de los derechos democráticos” por “intereses económicos o porque se relativizan los derechos humanos, y esto lo pagarán caro nuestros hijos y nuestros nietos”.