Una encuesta publicada por la Agencia de los Derechos Fundamentales el año pasado señala que un 47% de las personas LGBT en la UE ha sido objeto de discriminación o acoso y un 26% ha sufrido agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de género.

El informe del Parlamento Europeo, adoptado por 394 votos a favor, 176 en contra y 72 abstenciones, condena “enérgicamente” toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y deplora “profundamente” que los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales no se respeten en la UE.

Además, los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea, a los Estados miembro y a las agencias comunitarias que trabajen juntos por una hoja de ruta.

El texto menciona las áreas en las que debe incidir la hoja de ruta, como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la incitación al odio, el asilo y la política exterior. No obstante, la Eurocámara reconoce que esta política global debe respetar las competencias de los Estados miembro.

"No podemos seguir tolerando la homofobia en Europa. Tantos de nosotros, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales hemos vivido con miedo demasiado tiempo. Miedo a darnos la mano por la calle, miedo a que nos insultaran, miedo a que nos echaran de nuestras casas, colegios o trabajos. Mi informe deja claro que la UE debe actuar para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos los ciudadanos de la UE", declaró la austríaca Ulrike Lunacek (Los Verdes/Alianza Libre Europea), ponente del informe.

La iniciativa aprobada señala que la Comisión Europea debe elaborar directrices para garantizar la aplicación de las directivas sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión y sobre el derecho a la reagrupación familiar, "con el fin de asegurar el respeto de todas las formas de familia legalmente reconocidas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembro".

Además, el Ejecutivo comunitario debe promover la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas destinados a la juventud y a la educación, y facilitar el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la educación formal, "incluidos los materiales didácticos y las políticas de lucha contra el acoso moral y la discriminación", mediante una "coordinación no vinculante".

El texto reclama a los Estados miembro que establezcan o revisen los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género con el fin de respetar plenamente el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas transexuales, y a la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigan trabajando para suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento, así como garantizar una reclasificación de dichos trastornos como no patológicos en las negociaciones de la XI versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.