En opinión del Cermi, “esta figura no funciona, entre otras razones, por no resultar atractiva fiscalmente, ya que el marco de incentivos es escaso y complejo, lo que dificulta que más personas y familias se acojan a ella”.

Con el fin de contrarrestar estas insuficiencias, el Cermi ha trasladado a Hacienda su análisis de la aplicación del patrimonio protegido y ha planteado una batería de medidas de mejora que, de adoptarse, "revitalizarían este instrumento y permitirían generar recursos para atender las necesidades futuras de las personas con discapacidad".

También ha recordado a Hacienda que desde 2009 hay un mandato legal, “incumplido hasta ahora”, para que el Gobierno presente a las Cortes un proyecto de ley de reforma del régimen fiscal de los patrimonios protegidos, y ha mostrado su colaboración al Ministerio para que esta iniciativa “esté lista lo antes posible”.

Según el Cermi, esta modificación normativa de la regulación del patrimonio protegido “debería incluirse como una materia más” en la reforma fiscal global que el Gobierno ha anunciado para la primavera de 2014.