La red estaba constituida por más de 70 sociedades que emitieron y utilizaron facturas falsas por un importe superior a los 60 millones de euros, ocasionando un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 25 millones de euros, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.

Se han producido 32 detenciones y ya hay trece personas que han ingresado en prisión, entre ellas los máximos responsables. No se descartan nuevas detenciones, según avance la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llobregat.

En el curso de la operación, realizada la semana pasada y denominada "Génesis", se realizaron 80 entradas y registros en diferentes municipios de Cataluña y Madrid, con la participación de 80 funcionarios de la Agencia Tributaria y 200 policías autonómicos.

La operación se inició a principios de 2008, cuando funcionarios de la Agencia Tributaria apreciaron que empresas de la red declaraban ventas a terceros muy elevadas, sin disponer de la infraestructura material y humana necesaria para desplegar una facturación tan importante.

Las empresas de la red facilitaban facturas falsas a otras empresas para que éstas pudieran reducir las cuotas de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o, incluso, para obtener devoluciones improcedentes por tales conceptos, percibiendo a cambio de sus servicios un 5% del importe de las facturas emitidas.

A fin de evitar sospechas, algunas de las sociedades emisoras de las facturas habían desarrollado una actividad empresarial con anterioridad y cesado en la misma, siendo adquiridas por la organización que simulaba la existencia de actividad real.

La red empresarial constituida por más de 70 sociedades podía llegar a facturar anualmente hasta 277 millones de euros. Tenía una estructura piramidal que se sustentaba en un primer escalón de más de 30 empresas que eran las encargadas de realizar la facturación falsa.

También se utilizaban como intermediarias de operaciones inmobiliarias con el objetivo de disminuir las cargas fiscales.

Los administradores de estas sociedades eran testaferros en ocasiones carentes de patrimonio y, en muchos casos, indigentes o personas con enfermedades degenerativas o en estado terminal.

En uno de los registros se encontró una caja fuerte con una gran cantidad de talonarios bancarios firmados en blanco por dichos testaferros.

La trama era dirigida desde Barcelona por varias personas y la mayor parte de las empresas receptoras de las facturas simuladas tienen su sede en Cataluña.