En una entrevista con Servimedia, Vidal-Quadras sostuvo que cuando hace año y medio él ya reclamó la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, tanto el PP como los nacionalistas le tildaron de "extremista".

Sin embargo, destacó cómo ahora la suspensión de la autonomía de Cataluña es algo que "dice todo el mundo". Aseguró que, incluso, lo plantea la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien, destacó, hace poco lo que solicitada era un nuevo sistema de financiación para su comunidad autónoma.

En este sentido, criticó que Sánchez-Camacho lo que parecía querer hasta unas fechas es que los españoles "financien el independentismo". "Ahora está diciendo que se tiene aplicar el artículo 155. Cómo se puede ser tan naif, tan veleta, tan inconsistente", remarcó respecto a la responsable de los populares catalanes.

"Yo lo vengo diciendo desde el principio, desde hace año y medio", señaló el nuevo dirigente de Vox respecto a suspender la autonomía catalana. Justificó la necesidad de esta medida por decisiones como la resolución de soberanía del Parlamento autonómico o "que estén construyendo las famosas estructuras de Estado: una agencia tributaria; un banco central, que es como chiste; un servicio de inteligencia; y han hecho informes sobre un posible Ejército".

"Están absolutamente en el delirio", insistió Vidal-Quadras, quien argumentó que lo anterior demuestra que "hay motivos más que sobrados ya para aplicar el artículo 155", aunque se quejó de no se hace. "Por lo menos lo empieza ya a decir todo el mundo", señaló el eurodiputado, quien dijo que lo que él haría es que "de manera inmediata, previa advertencia y cumpliendo todo lo que marca la propia Constitución, aplicaría con todo rigor la ley a una Administración que está dañando gravemente los intereses generales de España y en posición de abierta subversión contra el orden constitucional".

El artículo 155 de la Constitución dice textualmente que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".