El fiscal encargado del caso, Pedro Martínez Torrijos, entiende que no cabe la extradición del exinspector de la Policía a Argentina ya que los hechos habrían prescritos y que, en todo caso, serían los tribunales españoles los competentes para investigar y enjuiciar los hechos.

El escrito del representante del Ministerio Público, dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el órgano que debe decidir sobre la extradición, señala que “dado el tiempo transcurrido desde las fechas de comisión de los hechos, sería aplicable la prescripción del delito”. “Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces”, señala el fiscal Martínez Torrijos.

La Fiscalía señala además que “los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos” ya que las presuntas torturas fueron cometidas “en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles”. El escrito hace referencia en este sentido a la Convención contra la Tortura, que establece en su artículo 5 “la obligación de perseguir estos delitos en primer lugar en el estado en cuyo territorio se han cometido los hechos”.

El Ministerio Público no se ha pronunciado sin embargo sobre el antiguo miembro de la Guardia Civil Jesús Muñecas, quien también está reclamado por Argentina como presunto torturadores franquista. En lo referente a Muñecas, cuyo caso se sigue en una causa separada a la González Pacheco, se está a la espera de recabar toda la documentación, según explicaron fuentes fiscales.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La jueza argentina María Servini reclamó la detención de cuatro franquistas –González Pacheco, Muñecas y los fallecidos Celso Galván y José Ignacio Giralta- por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa abierta en el año 2010 por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de la República de Argentina. A Juan Antonio González Pacheco se le atribuye haber torturado a un total de 13 personas, mientras que a Muñecas se le responsabiliza de la tortura de una persona.

La jueza Servini les atribuye delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad por aplicación de torturas y sustracción de menores.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó el pasado 5 de diciembre la retirada del pasaporte de ‘Billy el Niño’ y de Muñecas con el objetivo de que no se fuguen mientras se tramita su proceso de extradición a Argentina. El instructor tomó esta decisión después de que los dos antiguos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del régimen franquista se negasen a ser entregados a Argentina en su comparecencia en la Audiencia Nacional.

El juez impuso además la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su domicilio.

TORTURAS A ANTIFRANQUISTAS

La justicia argentina acusa a ‘Billy el Niño’, que en la actualidad tiene 78 años de edad, de haber torturado entre 1968 y 1975 a un total de 13 activistas antifranquista que habían sido detenidos.

El fiscal Torrijos, a la hora de asegurar que estos hechos habrían prescrito, señala que el Convenio de Extradición entre España y la República Argentina señala en su artículo 130 que no se concederá la entrega de los reclamados cuando “de acuerdo a la Ley de alguna de las partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición”. Explica además que, incluso teniendo en cuenta el Código Penal actual y no el de 1973, los delitos de torturas conllevan penas de prisión de entre dos y seis años, “por lo que el plazo de prescripción asciende a 15 años”.

La Fiscalía, sin embargo, no hace referencia a la Ley de Amnistía de 1977, un argumento que si utilizó en el primer escrito remitido el pasado mes de septiembre cuando la Audiencia Nacional recibió la petición de extradición de Argentina. En aquella ocasión, el Ministerio Público señaló que los delitos que la Justicia argentina atribuye a los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por su supuesta implicación en crímenes durante el franquismo estarían amparados además por la Ley de Amnistía de 1977.