El fiscal encargado del caso, Pedro Martínez Torrijos, entiende que no cabe la extradición del exinspector de la Policía a Argentina ya que los hechos habrían prescritos y que, en todo caso, serían los tribunales españoles los competentes para investigar y enjuiciar los hechos.

El escrito del representante del Ministerio Público, dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el órgano que debe decidir sobre la extradición, señala que “dado el tiempo transcurrido desde las fechas de comisión de los hechos (1968-1975), sería aplicable la prescripción del delito”, según el Código Penal de 1973, aplicable en este caso.

“Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces”, señala el fiscal Martínez Torrijos.

La Fiscalía señala además que “los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos” ya que las presuntas torturas fueron cometidas “en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles”.