Según manifestó, las personas con discapacidad tienen necesidades complejas, de apoyo para su inclusión, para su autonomía personal y una vida independiente, “que no pueden tratarse de una manera fragmentada”; al mismo tiempo que tienen necesidades intensas en el ámbito sanitario, de promoción sanitaria. Así, insistió en la creación de este espacio para dar salida a estas necesidades y desde una perspectiva inclusiva, ya que “no podemos tener una atención social, si ésta es discriminatoria”.

Según informó su presidente, el Cermi preparará un documento de trabajo de cara al debate que va a abrir el Gobierno en las Comunidades Autónomas para que la discapacidad sea visible y las personas con discapacidad estén presentes en las políticas sanitarias.

Por su parte, el director general del Imserso, César Antón, coincidió con el presidente del Cermi en cuanto a la necesidad de un marco legislativo estatal que regule la integración socio-sanitaria.

Para ello, incidió en la importancia de que participen todos los agentes, desde el diálogo, consenso y debate, tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas, las entidades colaboradoras de prestación de servicios, el conjunto de profesionales sanitarios y sociales, así como entidades como el Cermi.

Antón recordó la aprobación por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, de un catálogo de referencia de Servicios Sociales, que aunque no tiene un rango normativo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, “fue un paso importante y un punto de partida para esa integración socio-sanitaria”.

Asimismo, hizo referencia a un documento sobre integración socio-sanitaria en el que trabajaron durante 2013, cuyo objetivo fundamental es el concepto integral de salud tanto en el ámbito social como sanitario y que las personas que requieren cuidados integrados de la salud estén mejor atendidas.

PROPUESTAS

El vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez Fierro; y el vocal asesor del Imserso, Fernando Vicente Fuentes, también participantes en la jornada, explicaron que este documento está basado en estudiar el perfil de las personas a las que iría dirigida la atención socio-sanitaria, la definición de los servicios, de unos requisitos básicos y comunes en todo el territorio nacional que deben cumplir quienes prestan los servicios, un sistema básico y coherente en todo el Estado de acreditación y autorización de centros, servicios y procedimientos, los instrumentos de gestión de casos, a través de los que se coordinará y prestará la atención socio-sanitaria, y los sistemas de información adecuados, que incluya la historia clínica socio-sanitaria.

Según aseguró el vocal asesor del Imserso, se va a abrir una fase de diálogo, consenso y participación para este modelo socio-sanitario con todos los agentes. Además, se procederá a presentar el documento a las consejerías competentes de las Comunidades Autónomas, y se discutirá con las distintas organizaciones de participación, de donde saldrá una propuesta de consulta para abrir diálogo con la sociedad civil. El objetivo, es llegar así a un pacto socio-sanitario, aprobado en sesión plenaria y conjunta tanto del Consejo Interterritorial de Sanidad y del Consejo Territorial de Servicios Sociales.