Saura analizó en rueda de prensa el incremento del fraude fiscal y la economía sumergida en España, que atribuye a varias razones, una de ellas la paulatina reducción de plantilla en la Agencia Tributaria, que está ya “a la cola” de los países avanzados y que se enfrenta a un número importante de jubilaciones.

También al hecho de que el 80% de los recursos humanos de la Agencia Tributaria se dedican sobre todo a perseguir el pequeño fraude, “que no decimos que no haya que perseguirlo”, pero en España el 70% de ese fraude se concentra en las multinacionales, las grandes corporaciones y las grandes fortunas, por lo que habría que “reorganizar” el trabajo dentro del organismo.

Además, los socialistas creen que la amnistía fiscal y el “uso” de la Agencia Tributaria para satisfacer “intereses ocultos del PP y del Gobierno” constituyen un “ataque a la conciencia fiscal” de los ciudadanos.

Con todo ello, ven en Montoro al “enemigo número uno” de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, incluso a un “colaborador necesario” para su incremento, por la vía de no hacer nada para combatirlos.

También creen que la reforma laboral es “una máquina de empleo sumergido” porque al sustituir empleo estable y a tiempo completo por contratos parciales se han creado “horas en negro”.

Dado que el Gobierno no está combatiendo el fraude, los socialistas temen que la reforma fiscal que prepara sea un nuevo “sablazo” a las rentas medias asalariadas, un “apretón de tuerca más” a quienes ya están pagando más impuestos.

Una vez constatado que los billetes de 500 euros suponen más del 70% del efectivo circulante y que en España se manejan el 14% de todos los que hay en la Unión Europea, el PSOE insiste en la medida que ya propuso en una proposición no de ley de suprimirlos.

Los socialistas han pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Hacienda y de Empleo, y someterán a debate y votación la creación de una subcomisión que analice la situación de la economía sumergida para formular recomendaciones concretas al Gobierno y a todas las administraciones públicas.