Así lo ha señalado el ministro durante su comparecencia a petición propia en la Comisión del ramo en el Senado, donde defendió que el Gobierno ha hecho una “reforma profunda” en materia energética durante los años 2012 y 2013, en lo que respecta a los aspectos regulados del sistema, como el transporte, distribución o incentivos al régimen especial.

Soria sostuvo que en términos de efecto tanto a nivel industrial como de uso doméstico “basta con comparar la evolución del período 2004-2011 con el de 2012-2013” para ver que la evolución de los precios es “sustancialmente mejor” desde 2012, cuando adquirió la cartera de Industria, en comparación con la de los ocho años anteriores del gobierno socialista.

No obstante, Soria reconoció que hay “fundamento” y “motivos para que se quejen” tanto consumidores industriales como domésticos, ya que “desde 2004 hasta 2011 hubo un incremento medio de precios al año del 6,9%” en el recibo de la luz.

Asimismo, sobre la subida del 2,3% de la factura de la luz para el primer trimestre de 2014, Soria explicó que obedece a criterios de mercado, después de que el Gobierno se decantara por establecer el incremento en base al tercer y cuarto trimestre de 2013, lo que supuso una subida del precio de la energía del 1,4%, inferior a si hubiese elegido el último trimestre, y al que se sumó un 0,9% de la parte regulada del recibo.

ANULACIÓN DE LA SUBASTA CESUR

El incremento del precio de la luz tuvo lugar tras la anulación de la última subasta de electricidad Cesur el pasado mes de diciembre, de la que el ministro señaló que “no había ninguna previsión” como para que la subida pudiera llegar al 10,5%, y sobre todo cuando “en un mercado competitivo es impensable”.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) decidió anular la subasta Cesur ante "circunstancias atípicas” en el desarrollo de la misma.

A este respecto, Soria detalló que aunque entre el 2 y el 19 de diciembre se produjo una caída de la temperatura y un aumento de la demanda eléctica, “no justifica por sí solo el incremento que se vio en el mercado”, cuando, además, se barajaba un aumento de entre el 5,5% y el 6%.

De igual forma, el titular de Industria indicó que el Gobierno estudia un nuevo sistema para establecer los precios voluntarios del pequeño consumidor de cara al segundo trimestre del año, para lo que ha mantenido conversaciones con las empresas eléctricas, los operadores de la subasta, comercizalizadores y el resto de las partes implicadas.

BONO SOCIAL

Respecto a la pobreza energética, el ministro recordó que el bono social es un “mecanismo de protección de determinados colectivos sociales” ante posibles incrementos “no asumibles" de la tarifa.

Los beneficiarios de este mecanismo son “más de 2,5 millones” de personas, que cumplen los requisitos sociales de consumo y poder adquisitivo, indicó Soria, que apuntó que el bono social “se configura como una protección adicional” del derecho al suministro de electricidad.