Entre todas las compañías mencionadas destinaron más de 100 millones de dólares a sufragar acciones de lobby durante los ejercicios 2011 y 2012, de acuerdo con la información ofrecida en cada una de las propuestas y que recogen datos del registro del Senado estadounidense.

Así, se les solicita la elaboración de un informe anual sobre las actividades llevadas a cabo en esta materia por parte de los Comités de Auditoría y que deben hacerse públicos a través de sus páginas web.

Dicho documento debería incluir la política de la compañía y los procedimientos, así como los pagos que se hagan en relación a acciones de lobby tanto directo como indirecto, indicando los destinatarios. También se quiere que las compañías den a conocer los nombres de las organizaciones a las que pertenecen, y los pagos realizados a entidades que estén exentas de pagos de impuestos y que lleven a cabo acciones encaminadas a influir en los modelos legislativos.

ICCR considera que este tipo de actuaciones conllevan un riesgo que podría afectar a los objetivos de las compañías, así como al valor de las acciones de las mismas en el largo plazo y una pérdida de la reputación por parte de la opinión pública.

Con la documentación que se requiere, los inversores quieren valorar si las iniciativas que se están adoptando son coherentes en relación a los fines de las compañías.