La directora de la agencia, María Àngels Barbarà, explicó este jueves a Servimedia que la cesión de estos datos se pueden hacer en dos supuestos: con el consentimiento expreso del ciudadano o porque lo habilite una norma, como dice que es el caso.

Barbarà afirmó que, en este caso, se da la segunda condición y que el consistorio lo puede hacer porque tiene base legal, ya que hay dos leyes que, a su juicio, lo permiten. En concreto, citó el artículo 16.3 de la Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 40.3 del texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

La ley estatal dice que “los datos del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes”.

Por su parte, la otra norma dice que “sin que haga falta el consentimiento de la persona interesada, los datos del padrón pueden ser comunicados a otras administraciones públicas que lo soliciten cuando sean necesarias para ejercer las competencias respectivas, y exclusivamente para los asuntos en que sea relevante conocer la residencia o el domicilio”.

Barbarà sostiene que “está clarísimo que el marco legal permite" este traspaso porque lo hace en el ejercicio de sus competencias y en un supuesto donde el domicilio es importante.