Esta norma recoge un paquete de medidas pactadas por el Gobierno con los agentes sociales cuyo objetivo es proporcionar una cobertura adecuada a los trabajadores desempleados.

Además, se busca frenar la destrucción de empleo, favoreciendo el mantenimiento de los empleos actuales, e impulsar el proceso de generación de nuevos puestos de trabajo.

Con el fin de que ninguna empresa viable cierre por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social, se incorpora la aplicación de condiciones especiales de aplazamiento de las obligaciones financieras.

Además, se incrementa la cuantía de las bonificaciones a los contratos a tiempo parcial, y cuando a un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada como consecuencia de un ERE temporal, no sufrirá merma de sus derechos a la prestación por desempleo.

En concreto, el período máximo de reposición de la prestación por extinción será de 120 días y el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto en que el trabajador haya agotado la prestación será de noventa días.