El informe traza una sombría imagen de la situación de los derechos y las libertades en Egipto desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, el pasado mes de julio, y señala que en este país existe una “represión a gran escala” tres años después de las primeras revueltas callejeras, que forzaron la dimisión del presidente Hosni Murabak 18 días después.

“Egipto ha sido testigo de una serie de terribles golpes a los derechos humanos y de una violencia estatal sin precedentes en los últimos siete meses. Tres años después, las demandas de dignidad y derechos humanos realizadas por la ‘Revolución del 25 de enero’ parecen más lejanas que nunca. Algunos de los arquitectos de esa ‘revolución’ están entre rejas y la represión y la impunidad están a la orden del día”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Amnistía subraya que las autoridades egipcias han atenazado la libertad de expresión y reunión de forma generalizada, se ha introducido legislación represiva que facilita al Gobierno silenciar a quienes lo critican y reprimir las protestas, y a las fuerzas de seguridad se les ha dado carta blanca para actuar por encima de la ley y sin perspectivas de tener que rendir cuentas de los abusos.

Sahraoui vaticinó que, con estas medidas, “Egipto se encontrará probablemente con sus cárceles abarrotadas de presos recluidos ilegalmente y con sus morgues y hospitales llenos de más víctimas de la fuerza arbitraria y abusiva de su policía”.

Recalcó que, a pesar de que el presidente egipcio, Adly Mansour, describiera el pasado fin de semana la recién adoptada Constitución como el instrumento que prepara el camino para construir un país que “respete la libertad y la democracia”, “el Gobierno será juzgado por sus actos, no por sus palabras. Las garantías verbales sonarán a hueco si la represión sobre el terreno va en aumento y un simple tuit puede enviarte a prisión”.

“Las autoridades deben aflojar su presión sobre la sociedad civil y permitir las protestas pacíficas y otras vías de disidencia legítima. Las actuales políticas suponen una traición a todas las aspiraciones de pan, libertad y justicia social planteadas por la ‘Revolución del 25 de enero’”, añadió.

Según Amnistía Internacional, Egipto ha sido escenario de una violencia sin precedentes en los últimos meses, con unas fuerzas de seguridad que han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos y utilizando sistemáticamente una fuerza excesiva, incluso letal, contra los manifestantes de oposición y en las protestas organizadas en los campus universitarios.

“En lugar de refrenar a las fuerzas de seguridad, las autoridades, en la práctica, les han encomendado una labor de represión. Una vez más, en Egipto se utiliza la retórica del ‘antiterrorismo’ para justificar una represión generalizada que no distingue entre la disidencia legítima y los ataques violentos”, concluyó Sahraoui.